Acusan al director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de actuar de «mala fe» y a conciencia de la ilegalidad en la redacción del pliego Las Ventas y de una trama de comisiones
- ZABALA DE LA SERNA Madrid
Actualizado Jueves, 21 abril 2022 – 09:36
Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, es el objeto de la querella criminal interpuesta en los juzgados de Madrid por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Prevaricación por la redacción del pliego de condiciones de explotación de Las Ventas y cohecho por participar en la trama del cobro de comisiones en los Circuitos Taurinos de la Comunidad de Madrid (Fiesta del Toro) en la que también figura como querellado Miguel Martín, su «mano derecha» y coordinador de las escuelas taurinas de la Comunidad de Madrid.
La querella ha sido presentada el pasado 11 de abril por la Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores, que encabeza José Montes, el hombre que en nombre de la sociedad Gestión de Toros Las Mancha S.L. impugnó y paralizóel pliego de explotación de la Monumental de las Ventas ante el Tribunal de Contratación Pública, que resolvió a su favor en tres motivos: «Los requisitos de solvencia, los criterios de valoración sujetos a juicios de valor y el cálculo del valor estimado del contrato». La nueva acción jurídica de Montes señala los dos primeros puntos anulados de los referidos «los que demuestran la mala fe y el conocimiento de su ilegalidad a la hora de redactar el pliego referido».
Según el texto de la querella, la omisión de la temporada 2021 en las que exigencias de la solvencia técnica fue no sólo no acorde a la ley -que marca los tres últimos años-, sino intencionada «por ser imposible un error de cálculo». «Nos encontramos con la argumentación del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid en sus alegaciones al recurso interpuesto, que excluyendo el año 2021 del periodo de referencia para acreditar la solvencia es debido a que en el año 2021 apenas ha habido actividad taurina por las razones sanitarias que todos conocen de la Covid 19, a lo que el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid no tuvo inconveniente en tachar de ilógica y surrealista, ya que el año que verdaderamente había sufrido una merma histórica de festejos taurinos fue el año 2020». Y concluye el texto: «en el año 2021 [el año excluido] el aumento de festejos fue drástico con respecto al año anterior, alcanzando una actividad del 70% respecto a 2019 y predecesor de la pandemia». Siempre según la querella, «esta maniobra produce una limitación de la concurrencia a todas las empresas que han desarrollado su actividad intensamente en el año 2021».
La nueva acción jurídica de Montes implica también a los actuales empresarios de Las Ventas Rafael García Garrido y Simón Casas (Bernard Domb Cazes en la querella), a quienes señala como «amigos» de Miguel Abellán y «cooperadores necesarios». Abellán, dice el querellante, les «deja el camino libre», «con conocimiento de la injusticia» con el único fin de beneficiarlos, «para que estos y su UTE de empresas sean sin competencia alguna los próximos empresarios de la plaza de Las Ventas».
A ojos del demandante «han llevado a cabo de manera conjunta la redacción del pliego de condiciones que rige la nueva adjudicación del contrato de explotación de la plaza de toros de Las Ventas» y señala como «prueba manifiesta de complicidad» la permisividad de Miguel Abellán con la venta de abonos para jóvenes y jubilados para la totalidad de los espectáculos taurinos del año 2022 «de los que no existe garantía a priori de que puedan ser organizadores de los mismos la empresa que ha procedido a su venta» toda vez que la vigencia del contrato de la actual empresa adjudicataria finaliza el 5 de junio.
El texto de la querella apunta también sobre otra «ilicitud»: «el pliego administrativo legitimaba a su redactor y ahora querellado D. Miguel Abellán para hacer informes técnicos» del criterio de valoración sujeto a juicio de valor «para que la Mesa de Contratación puntuara ese criterio de ofertas, contraviniendo de manera grosera lo marcado en el artículo 326.5 de la Ley 9/2017: ‘en ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos'», relata el documento de denuncia.